Preguntas frecuentes

Lo que conviene saber antes de probarlo.

Qué es

¿Qué es Actaria, y qué no es?

Es un gestor de expedientes de contratación pública: acompaña un expediente desde que se prepara hasta que el contrato se extingue. No es la Plataforma de Contratación del Sector Público: no publica anuncios ni recibe ofertas. Lleva el expediente por dentro y contrasta lo que se ha hecho con lo que consta publicado fuera.

¿Hay que instalar algo?

No. Se usa desde el navegador, y cada organismo entra por su propia dirección.

¿Para qué organismos está pensado?

Para quien tramita contratos sujetos a la Ley 9/2017: ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios, universidades, mutuas colaboradoras y demás entidades del sector público. Cada uno parte del perfil que le corresponde según el art. 3 —no es lo mismo ser Administración Pública que poder adjudicador— y lo ajusta. Para el programa piloto se buscan organismos pequeños.

¿Se adapta a cómo trabajamos?

En lo que es del organismo, sí: fases, catálogos, plantillas de procedimiento, el texto de las actas y los documentos, qué comprobaciones bloquean y cuáles solo avisan, y los módulos que se activan. Lo que dice la ley no es configurable: que el juicio de valor se cierre antes de abrir el precio no es una preferencia.

¿Usa inteligencia artificial?

Solo si el organismo la activa, y viene apagada. Sirve para leer documentos y proponer datos, y para contrastar un expediente con la normativa cargada. Propone, no decide: no escribe en el expediente y no cita de memoria.

Probarlo

¿Cuánto cuesta?

Durante el programa piloto, nada. El precio posterior no está fijado todavía: se acordará con cada organismo que quiera continuar, y continuar nunca es automático.

¿Qué se pide a cambio del periodo gratuito?

Usarlo en expedientes reales y contar con franqueza qué sobra, qué falta y qué estorba. Para eso nace el programa.

¿Cómo se formaliza?

Por escrito, con las condiciones del periodo de prueba y el contrato de encargo de tratamiento de datos, que se firma antes de cargar nada. La forma concreta del documento la decide cada organismo con sus servicios jurídicos.

¿Podemos traer lo que ya tenemos?

Los expedientes se dan de alta en la aplicación, y un pliego o un anuncio pueden leerse para proponer sus datos. Los licitadores se importan desde los ficheros de la Plataforma, y con el módulo de datos abiertos el organismo ve desde dentro lo que ya ha publicado.

Datos y confianza

¿De quién son los datos?

Del organismo. Actaria los trata por encargo suyo y solo para prestar el servicio. Cada organismo trabaja en su propia base de datos. Hay más detalle en seguridad y cumplimiento.

¿Tiene certificación ENS?

Todavía no. Se alojará en un proveedor español certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, y la certificación de la aplicación es trabajo pendiente. Se dice aquí para que nadie tenga que preguntarlo dos veces.

¿Y si el proyecto no sale adelante?

Es la pregunta que hay que hacerle a cualquier proveedor pequeño, y tiene respuesta: el organismo recibe sus datos en un formato estructurado, y los documentos que la aplicación generó ya los tiene en Word y PDF. Nada queda atrapado.

¿Quién hay detrás?

Una persona: Daniel Rubio Vargas, secretario de mesas de contratación desde hace unos diez años. No es una empresa de software con un equipo detrás, y no se pretende parecerlo. La historia completa está en el proyecto.

¿Por qué no trabaja con su propia entidad?

Por conflicto de intereses. Mientras siga siendo empleado de una mutua colaboradora con la Seguridad Social, Actaria no prestará servicios a esa entidad.